«Todo necio confunde valor y precio”, decía Antonio Machado. Esta semana, GBCe publica su Informe País 2025, en el que propone redefinir el valor de los edificios teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, los límites planetarios o el coste de la inacción climática. Un informe que llega en un momento en el que algunos defienden que atender estas cuestiones, como hace el borrador del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), puede encarecer los proyectos, cayendo en la confusión de la que nos advertía el poeta.
El nuevo CTE no es un impedimento para construir el elevado número de viviendas que necesita España. Al contrario, es la oportunidad para no repetir errores y garantizar un nuevo parque de vivienda adaptado al presente climático, incorporando medidas de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, descarbonización y renovables con una visión a largo plazo.
Estas medidas reducen las emisiones de los edificios, no encarecen su precio y, además, generan ahorro para sus habitantes en su uso. Lo sabemos porque ya lo hemos demostrado con dos edificios entregados este año: viviendas 100% descarbonizadas, con diseño muy eficiente y a precio por debajo de mercado.
Quienes defienden lo contrario argumentan que lo prioritario ahora es construir vivienda sin frenos regulatorios. Sin embargo, esta dicotomía entre lo urgente y lo importante es tramposa. España necesita vivienda nueva —el Banco de España estima un déficit de 700.000 unidades—, y construirlas sin criterios de descarbonización sería climáticamente imprudente.
Según la experiencia de nuestras propias promociones, una vivienda sostenible emite casi la mitad que una vivienda convencional, unas 70 toneladas de carbono, aproximadamente. Multiplicado por esas 700.000 viviendas, la diferencia entre construir de manera convencional o descarbonizada es de 49 millones de toneladas de CO₂, el equivalente al 18% de todas las emisiones de España en 2024, por ponerlo en contexto.
Pero no sería únicamente imprudente frente al clima. También sería irresponsable desde el punto de vista económico. Ignorar esta cuestión no sale gratis. Un estudio reciente de la Universidad de Mannheim y el Banco Central Europeo muestra que las olas de calor, sequías e inundaciones han dejado una factura récord este verano en la UE: 43.000 millones de euros, de los que España concentra el 28% (12.200 millones), el mayor impacto de todos los países miembros.
Si no se toman medidas, en 2029 las pérdidas podrían triplicarse. Frente a esta realidad, mejorar la eficiencia, reducir el consumo y apostar por la energía renovable no es una carga: es una póliza de seguro. Este es su verdadero valor.
La adaptación climática de las viviendas no solo reduce emisiones: aumenta el confort, la salud y la resiliencia ante eventos extremos, especialmente en un país donde el calentamiento será más severo que en otras regiones. Viviendas con buena envolvente, diseño pasivo y autoconsumo energético consumen menos, protegen a sus habitantes de la volatilidad de los precios de la energía y reducen la hipoteca energética mensual.
Esta estrategia podría suponer un coste inicial mayor, que se amortiza entre los 5 y los 10 primeros años de los 50 de vida útil del edificio. Pero según nuestra experiencia reciente, esto no se traduce en un precio de venta mayor. Nuestras promociones en Madrid, Pirita y Tomás Bretón, se han comercializado a un precio menor que la competencia con criterios de sostenibilidad muy superiores a la media y por encima de los que estipula el nuevo CTE.
En particular, hemos comparado los precios de Pirita con una promoción de obra nueva en una localización y momento de ejecución muy próximas, resultando un 12% más barato el m2. En el caso de Tomás Bretón, a falta de una comparación directa similar, se hizo respecto al precio medio del m2 de obra nueva en el distrito de Arganzuela del año anterior, arrojando un precio un 5% más económico.
En cualquier caso y más allá de estos casos y comparativas particulares —que tienen sus limitaciones—, para acelerar la transición hace falta algo más que normativa: es imprescindible una fiscalidad verde que incentive ir más allá del mínimo. No se trata de reducir impuestos por dogma, más bien de reconocer que los edificios más sostenibles generan beneficios colectivos: menor gasto sanitario, mejor calidad del aire, menos vulnerabilidad energética, mayor productividad, una industria más verde o menores externalidades medioambientales… Cuestiones de las que hoy se hacen cargo las administraciones y, por tanto, pagamos entre todos los ciudadanos.
Países como Francia ya monetizan el carbono embebido y el almacenado en materiales biogénicos, y permiten la venta de créditos de carbono por edificios sin emisiones. España debería seguir ese camino.
El nuevo CTE no debe verse como un obstáculo, sino como la herramienta que permitirá construir más y mejor. De hecho, consideramos que podría ser más ambicioso, como defienden los compañeros de Ecómetro. Porque, efectivamente, necesitamos cientos de miles de viviendas nuevas. Pero lo que no necesitamos es repetir modelos que lastren durante décadas a sus habitantes con altos costes energéticos y a la sociedad con un parque edificado incompatible con los objetivos climáticos. Construir vivienda y descarbonizar no son metas enfrentadas, forman parte de la misma misión.
